Ante los conflictos entre comunarios y cooperativistas mineros de la empresa Cruz del Sur, los pobladores de la región de El Choro demandan el cese de las actividades mineras de esta cooperativa y la realización de una inspección ambiental, ya que producto de la explotación aurífera, el río ha cambiado de color y ha generado enfermedades en los pobladores. Desde la Asamblea Departamental, se envió al representante provincial para hacer el seguimiento del caso, sin embargo no se permitió el avance de una comisión fiscalizadora, mientras que las autoridades correspondientes no dan una posición oficial sobre el caso.
“Los pobladores están pidiendo que se cierre la mina y que el Estado intervenga en la región para cerrar el lugar. Al momento, tampoco se ha realizado las pericias correspondientes para determinar cuál es el daño ambiental que causa la mina, tendría que intervenirse el lugar con peritos entendidos para que determinen esta situación”, manifestó la directora funcional del caso y fiscal de materia de la localidad de Coroico, Carina Cuba.
PIDEN SUSPENDER ACTIVIDAD MINERA
Hasta la Sede de Gobierno llegó un grupo de pobladores de El Choro para demandar justicia para las víctimas del conflicto y el cese de actividades mineras en el lugar, toda vez que las familias que se benefician de ella tratan al resto de los cooperativistas y comunarios de Choro Alto, como pongos de una gran hacienda.
“Desde hace ocho años tenemos este problema y las autoridades no nos hacen caso, nosotros nos hemos conciliado, pero los grandes beneficiados de la mina que son tres familias, no estaban de acuerdo y han comenzado con el conflicto. Hemos pedido que el Estado se haga cargo de la mina y que la cierre, porque solo crea conflictos”, manifestó el comunario de la localidad El Choro, Frido Durán.
Los pobladores indican que esta no sería la primera vez que se produce este tipo de enfrentamientos con pérdidas humanas, ya que en una anterior ocasión Umopar habría detenido a dos personas, por una emboscada y tenencia de armas, quienes luego de tres días de estar recluidos en la cárcel de San Pedro fueron liberados.
Asimismo, se pone en duda la legalidad de la mina, toda vez que estaría trabajando en cuadrillas que no corresponden a su concesión legal, situación que según los pobladores en ningún momento fue verificada, ya que las autoridades correspondientes no ingresaron al lugar para realizar inspección alguna.
INSPECCIÓN AMBIENTAL
Los pobladores indican que el río que baja desde la cima y que pasa por más de 23 comunidades está contaminada, por el uso excesivo de mercurio en la actividad minera de la cooperativa Cruz del Sur, la misma que no cumpliría con los requisitos ambientales que se exige para su funcionamiento y por el contrario deja fuentes de riego inutilizables, lo que genera grandes pérdidas para los agricultores de la región.
“A causa de la contaminación han surgido enfermedades raras, si uno toma el agua del río inmediatamente nos da infecciones estomacales, el solo entrar al río para bañarse hace que salgan ronchas y lesiones en la piel, lo mismo pasa cuando se lava ropa con esa agua”, relató uno de los comunarios de El Choro, Primo Patzi, en un contacto telefónico con EL DIARIO, desde la región en conflicto.
COMISIONES
Según Patzi, la mañana de ayer una comisión integrada por personal de la Gobernación, Comibol, 22 efectivos policiales, miembros del ministerio de minas y representantes de la coordinación de control social del departamento ingresó a la región del conflicto, para verificar la situación en la que se encuentran, sin embargo no se pudo hacer la intervención a la mina Cruz del Sur, debido a que la cantidad de policías no era suficiente para garantizar la pasificación del lugar.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Nelson Guarachi, indicó que se coadyuvará en las investigaciones del Ministerio Público para establecer que paso realmente en estos enfrentamientos y pidió al representante de la provincia de Nor Yungas, Rómulo Cusi Esquivel, que se traslade a la región de Trinidad Pampa, Coroico y haga un seguimiento de dichas investigaciones.
Sin embargo, la asambleísta Wilma Magne manifestó que esta representación no es suficiente para fiscalizar el control que se hará en este caso y en toda la región, ya que es preocupante que en un solo mes, se hayan reportado cuatro conflictos de la misma naturaleza.
“Hemos tomado conocimiento de este conflicto por los medios de comunicación y en el pleno, como bancada, hemos propuesto que se constituya una comisión especial de representación plural y se pueda ser parte y hacer seguimiento de las investigaciones, sin embargo, esta ha sido rechazada argumentando que el asambleísta por territorio, se haría presente en la región, lo que no nos parece suficiente y más cuando existen antecedentes de otros casos y no se tiene un informe de los mismos”, señaló Magne.
POSICIÓN OFICIAL
Este caso al igual que muchos otros, que vienen desde hace más de ocho años atrás, cuando ya hubo un fallecido, víctima de estos conflictos, y a pesar de las debidas denuncias hechas ante las autoridades, no llegó a su esclarecimiento definitivo.
EL DIARIO intentó comunicarse por tres días consecutivos con el director departamental de minería, Néstor Villalobos, sin embargo, no logró obtener ninguna declaración oficial, ya que la autoridad argumentó estar en reuniones y no contar con el tiempo suficiente para atendernos.
En este sentido, no hay una posición oficial sobre el tema ni se conocen las políticas y medidas que se tomarán desde esta instancia para controlar estos conflictos que se hacen más comunes, por la falta de autoridad y presencia del Estado en estas regiones.
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