martes, 31 de enero de 2012

Hay intentos por atenuar el impacto de la contaminación

Debido a la inminente afectación a la salud humana y la seguridad alimentaria ocasionada por la contaminación y salinización de los suelos, el 21 de octubre del 2009, el Gobierno dictó el Decreto Supremo 0335, que declara situación de emergencia ambiental a la subcuenca Huanuni, con aplicación a los municipios de Huanuni, Machacamarca, El Choro y Poopó.

Si bien las operaciones de Inti Raymi (EMIRSA) están fuera de dicha subcuenca, la demanda fue gestionada luego de varios reclamos y movilizaciones de representantes de las 80 comunidades afectadas por la contaminación minera, que se agrupan en la Coordinadora en Defensa de los ríos Desaguadero y lagos Uru Uru y Poopó (CORIDUP), incluidas las diez que corresponden a las provincias Cercado y Saucarí.

La organización buscó informar y educar —a través de seis líneas estratégicas— a los actores sociales y operadores mineros sobre la importancia de las consideraciones ambientales en las actividades mineras, así como en la calidad de vida y conservación de los factores bióticos (seres vivos) y abióticos (espacios donde no existe vida) de la zona, por lo que incorporó el proceso de gestión ambiental participativa.

El decreto autorizó a los ministerios de Planificación del Desarrollo y de Economía y Finanzas Públicas gestionar y negociar financiamiento internacional y reasignar los recursos económicos a fin de implementar acciones de atención a la emergencia declarada, a favor de la Gobernación de Oruro y los municipios afectados.

Sin embargo, a más de dos años de promulgada la declaratoria, las comunidades afectadas aún manifiestan su preocupación debido a que —en su criterio— no hubo avances en los compromisos asumidos.

El Viceministerio de Medio Ambiente y Agua informa que EMIRSA dispone de licencias ambientales para sus dos operaciones mineras. Éstas permiten que la Gobernación de Oruro, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Organismo Sectorial Competente (OSC) y el Ministerio de Minería y Metalurgia lleven a cabo el seguimiento y control a la explotacion aurífera de la compañía.

Para ello, la Autoridad Ambiental Competente Nacional (AACN) tiene inspectores y fiscales ambientales que desarrollan los trabajos de control y fiscalización a las actividades mineras desde el año 2007, “aspecto que ha convertido a la gestión ambiental en un marco dinámico de constante mejora”, señala la entidad.

Respecto al uso de aguas, EMIRSA indica que “en sujeción al artículo 36 del vigente Código Minero (1777), para la realización de sus actividades, puede usar y aprovechar las aguas de dominio público y las que discurran por sus concesiones con la obligación de protegerlas y restituirlas a su cauce o cuenca natural”.

Mario Villagra, responsable de Salud Ambiental del Ministerio de Salud y Deportes, informa que las empresas mineras deberían hacer controles periódicos de la calidad del agua, proveer del líquido potable a las poblaciones a través de cisternas y pagar por ese servicio.

Sobre la educación, señala que próximamente se enseñará a los pobladores de la region a determinar si el agua es o no potable, y a detectar los microorganismos que viven en ella con un análisis básico, que enfoca el problema de turbiedad, conductividad y pH. “El programa empezará con las comunidades de Rancho Grande de El Choro, Viluyo de Huanuni, Tacopampa y Machacamarca, y luego será aplicado en todas las comunidades del sector”.

ALTERNATIVAS, Ruth Zenteno y Laura Rubín de Celis, en su libro Tecnologías limpias aplicables a la explotación de oro, publicado el 2010 por el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), presentan algunas alternativas para prevenir más daños y mitigar los ya causados.

Para contrarrestar la contaminación por mercurio de las ‘colas’ sulfurosas (embalse), que cada cierto tiempo se venden a plantas de lixiviación, se debe instalar un depósito temporal. Éste es una simple piscina o tolva de hormigón, techada y bien ventilada, donde se almacenan las colas hasta su transporte a las planta de lixiviación en forma suelta, o mejor en sacos (éstas plantas actualmente funcionan en el Perú, hasta donde son transportadas las piritas auríferas para su posterior tratamiento con cianuro), recalca el texto.

Agrega que las que no pueden ser vendidas como sub productos auríferos se tienen que acumular en depósitos apropiados, que eviten el contacto con aguas subterráneas, y estén protegidos contra el arrastre de aguas de lluvia y de viento. “La base impermeable y las paredes del depósito se pueden construir utilizando materiales del lugar, como arcilla, bentonita, caolinita, etc. Se recomienda utilizar un material con alto contenido de hidróxido ferroso (limonita presente en suelos lateríticos) debido a su alta capacidad de absorción de mercurio o utilizar plástico grueso (por ejemplo, polietileno de alta densidad HDPE) que se consigue fácilmente cuando existen minas grandes en los alrededores”, aconseja.

El director del Centro de Ecología y Pueblos Andinos de Oruro (CEPA), Gilberto Pauwels, dice que su oficina intenta apoyo de especialistas de Bélgica y Estados Unidos para que ayuden a determinar las falencias en el control de la contaminación y buscar alternativas técnicas y de legislación para cambiar las leyes o hacer que se cumplan.

Explica que existe una campana internacional contra el uso del mercurio y al cianuro en la minería, que busca informar que existen otros procesos de explotación aurífera que cuestan algo más, pero que protegen la salud de la población.


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