Esta investigación periodística ganó el primer lugar del Premio Reportaje sobre Biodiversidad 2010.
La construcción de las mega-represas de Jirau y San Antonio en Brasil y Cachuela Esperanza en Bolivia pondrá en serio riesgo la biodiversidad de la zona y obligará a migrar a las comunidades aledañas y a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. El objetivo boliviano es exportar energía, pero los costos socioambientales asoman onerosos. El Gobierno espera el informe de Evaluación de Impacto Ambiental de la Empresa Nacional de Electricidad para frenar o dar luz verde al proyecto, aunque esta entidad tendría previsto licitar la obra de $us 2.000 millones en julio próximo.
San Antonio, Jirau y Cachuela Esperanza son los nombres de las tres hidroeléctricas que serán instaladas en el río Madera para generar energía, unos 7.000 megavatios (MW). Para ello se construirán enormes represas, cuyos impactos afectarán socioeconómica y ambientalmente la región amazónica que comparten Bolivia y Brasil.
La presencia de estas hidroeléctricas, en un afluente tan importante como el Madera, implica un alto costo para los tres millones de personas que se estima viven en la zona, así como para la flora y fauna, según alertan ambientalistas y científicos.
Este río es el más grande de la zona y el más caudaloso del mundo, además posee una altísima biodiversidad, según el investigador Fernando Molina, del Instituto de Hidraúlica y Hidrología de la Universidad Mayor de San Andrés (IHH-UMSA).
El Madera nace en territorio boliviano en la comunidad de Villa Bella, en Pando. Sus aguas se originan en la cordillera de los Andes de los ríos Madre de Dios (Perú-Bolivia), Beni (La Paz-Beni) y Mamoré (Cochabamba, Potosí, Santa Cruz y Beni), por él corren grandes cantidades de agua y sedimentos andinos.
Una década para la consolidaciónLa ejecución de estas megainfraestructuras fue anunciada el año 2000, cuando el Banco Interamericano de Desarrollo firmó un acuerdo con 12 países sudamericanos en el marco del proyecto Integración de Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA).
Su primera agenda contemplaba la inversión de siete billones de dólares en 31 proyectos, la cual se amplió a 350 proyectos con un costo de 40 billones de dólares, que incluye el complejo hidroeléctrico e hidroviario del río Madera.
Según Marco Octavio Ribera, investigador de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), el IIRSA comprende diez ejes de integración vial-energética a lo largo de Sudamérica. Seis de ellos incluyen a Bolivia. Por sus impactos, los de mayor riesgo son las represas de los ríos Madera y Beni (Jirau, San Antonio, Cachuela Esperanza y Bala) y las hidrovías proyectadas de navegación e interconexión de cuencas, proceso favorecido por los represamientos del Madera.
Perú, Brasil y Bolivia están dentro el IIRSA con el proyecto “Corredor Madera-Madre de Dios-Beni”. Éste contempla cuatro hidroeléctricas, según el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), dos en el Estado de Rondonia-Brasil (San Antonio y Jirau), una binacional en Guayaramerín (entre Bolivia y Brasil) y la última en Cachuela Esperanza, en el río Beni en Bolivia. Además, una hidrovía de 4.250 kilómetros de largo para la navegación de grandes embarcaciones en los tres ríos.
El objetivo del complejo del río Madera, según el proyecto IIRSA, es consolidar una vía de integración internacional fluvial para el transporte y el desarrollo socioeconómico de las regiones de Madre de Dios en Perú, Rondonia en Brasil y Pando y Beni en Bolivia.
Esta obra está destinada a satisfacer la gran demanda energética del sector industrial del Brasil y promover la inversión de la empresa privada. La formación de los reservorios de agua permitirá navegar estos ríos y abrir una ruta de exportación, para la expansión de la producción de soya en la Amazonia boliviana.
En esa misma lógica, el Gobierno boliviano declaró de importancia nacional la construcción de la represa Cachuela Esperanza para dotar de energía eléctrica a la población que vive en la región. El presidente Evo Morales en varias ocasiones resaltó la importancia de ese proyecto que es parte del plan energético del país que se lleva adelante a través de la Empresa de Nacional de Electricidad (ENDE).
Argumento en contra La explicación de la importancia de la generación de energía para el desarrollo de las poblaciones de la región amazónica realizada por los gobiernos de Brasil y Bolivia no logró convencer. Por ello, los habitantes de las comunidades que viven en esas zonas, investigadores, ambientalistas y organizaciones sociales, incluso autoridades de ambos países alzaron sus voces para rechazar las represas.
Los antecedentes de los impactos de las megarepresas son conocidos, dicen los ambientalistas. En Latinoamérica hay algunos ejemplos como los financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo que, en algunos casos, forzaron a las comunidades locales a migrar debido a que sus tierras fueron inundadas.
En Brasil en 1999, el BID financió la represa Cana Brava de gran envergadura. Más de 1.000 familias en la comunidad local fueron desplazadas por el megaproyecto. Una década después, luego de muchos ajustes al proceso de reubicación, unas 600 familias no habían sido reintegradas con éxito en comunidades autosuficientes.
El año 2000, el Informe Final de la Comisión Mundial de Represas (CMR), conformada por representantes de la industria de las represas y de los movimientos antirepresas, develó los impactos sociales y ambientales, así como de la ineficiencia de estas megainfraestructuras a nivel mundial.
Según la CMR, la cantidad de personas desplazadas en el planeta por las represas se situaba entre 40 y 80 millones de personas, siendo los principales afectados los más pobres y vulnerables. En lo referente a rendimiento, de las 63 grandes represas que examinó, el 55% generaba menos energía de la que había sido proyectada.
Ante esos antecedentes, el anuncio de la construcción de las represas en Brasil y Bolivia movilizó no sólo a las comunidades afectadas, sino también a organizaciones ambientales. En Bolivia, entre otros, Fobomade, la Fundación Mundial para la Naturaleza (WWF) y Lidema, a su turno, se pronunciaron con respaldo científico sobre el tema.
El debate se instaló en una serie de eventos (seminarios, encuentros binacionales, foros, simposios y otros) con la participación de expertos, científicos, población afectada, organizaciones sociales y ambientalistas. Las conclusiones sirvieron para alertar de la problemática a las autoridades.
Si bien la WWF no se opone a la construcción de represas porque prestan importantes servicios –incluyendo el suministro de agua, irrigación, generación de electricidad y control de inundaciones– considera que se debe mejorar la gestión de las ya existentes y de sus cuencas, para evitar los altos costos financieros y medioambientales.
Marcela Áñez, Oficial de Infraestructura de WWF, acota que existen alternativas menos perjudiciales basadas en criterios específicos. Por tanto, explica, si la construcción de una represa es la mejor opción para garantizar las necesidades de agua y energía de una población, los daños al medioambiente que causarían deben ser minimizados a un nivel aceptable para todos los implicados.
Lidema también apoya las iniciativas para proveer de energía barata a los habitantes de regiones que dependen de termoeléctricas y de la importación de suministros. Sin embargo, dice su directora ejecutiva, Jenny Gruenberger, que les preocupa la ejecución de estos proyectos, cuyos impactos socioambientales ya son conocidos, así como los magros beneficios que dejan a los países que la producen.
Algunos estudios señalan que la construcción de estas megarrepresas provocará el desplazamiento de poblaciones indígenas y la migración descontrolada. En Brasil, 2.500 familias que viven a orillas de ese río serán las afectadas. En Bolivia, estiman que la fauna ictiológica (peces) y la flora serán impactadas, además se elevarán los ríos, se inundarán las tierras de cultivo y proliferarán las enfermedades.
En marcha, a pesar de todo
Las voces en contra de las represas fueron muchas. Desde las comunidades que serán afectadas en Brasil y Bolivia hasta científicos, ambientalistas y autoridades rechazaron con y sin argumentos científicos. Esto no sirvió de mucho. Esas voces no fueron escuchadas.
Las represas Jirau y San Antonio están en plena construcción en Brasil. Y en Bolivia, la instalación de Cachuela Esperanza está en pleno proceso y, aunque todavía no se habla en voz alta, la de Guayaramerín está en estudio. Y en Brasil, incluso ya se adjudicó el megaproyecto Puerto Bello.
Una de las primeras acciones legales se hizo ante la Comisión Interamericana. El 7 de diciembre de 2007 se presentó la solicitud de medidas cautelares ante la Comisión de Derechos Humanos, el gobierno brasileño fue demandado por los pueblos indígenas, campesinos y ecologistas de Bolivia por riesgo inminente a los derechos humanos. Esa Comisión pidió información a ambos gobiernos sobre las acciones que estaban realizando en función a ese proyecto y cómo garantizarían los derechos humanos de las comunidades indígenas y campesinas del norte amazónico.
Las acciones de las autoridadesAnte este problema, ese mismo año 2007 se creó un Comité Insterinstitucional Boliviano liderado por el Viceministerio de Biodiversidad y la Cancillería, el cual cuestionó y planteó sus dudas sobre aspectos hidráulicos, sedimentación, ictiofauna y pérdida del potencial hidroeléctrico en la región.
Cuando se otorgó la Licencia Previa en 2007 para la construcción de las represas, el Gobierno boliviano demandó ante su par de Brasil la cancelación de los proyectos argumentando que los impactos negativos serán mayores en territorio boliviano. El canciller David Choquehuanca manifestó a su homólogo brasileño, Celso Amorín, su contrariedad por la extensión de la licencia ambiental sin que se hayan analizado los impactos en el país.
En una carta enviada el 2008, se pidió que las dudas sobre los impactos fueran absueltas en una reunión bilateral previa. Brasil respondió pidiendo que Bolivia presente un cuestionario con sus dudas. Hasta la fecha, no se recibió una respuesta, afirma el viceministro de Biodiversidad, Juan Pablo Ramos.
Los reclamos del Gobierno boliviano se iniciaron el 2006. Se envió una carta manifestando la preocupación por los impactos ambientales de las dos represas, a lo cual el Gobierno brasileño le aseguró que no habrá impactos en Bolivia. Luego, se realizaron dos encuentros a nivel técnico entre ambas naciones, sin resultados alentadores para el país. Se fijó un tercero, sin fecha ni lugar, que aún no se concretó desde 2007.
El Gobierno brasileño se mantuvo en una posición intransigente, afirmando que los posibles impactos de sus proyectos se extendían únicamente hasta su frontera y no hasta Bolivia, manifiesta Mirso Alcalá, coordinador de la Dirección General de Medio Ambiente.
Para Alcalá, quien publicó un informe sobre el tema en la revista del Ministerio de Medio Ambiente, “los procesos de negociación bilateral que se llevan a cabo actualmente mantienen la misma línea”, sin embargo, están supeditados a la “agenda positiva” con Brasil que considera otros temas energéticos adicionales. “Aún no se habla de compensación, pero será necesario profundizar estudios y temas específicos que permitan la valoración de los recursos económicos”, dice Alcalá.
Lidema, por su parte, insta al Gobierno a adoptar una posición firme y consecuente en relación a los intereses de la región.
“Debe interpelar al Gobierno brasileño para que cumpla los acuerdos internacionales al margen de la agenda positiva que hay con ese país”, expresa Gruenberger.
Es necesario que el Gobierno demande ante instancias internacionales que Brasil suspenda actividades hasta que realice estudios y análisis de riesgo sobre toda la cuenca alta del Madera. La investigación debe incluir el grado de inundación que afectaría a una gran parte de la amazonia boliviana en los departamentos de Beni, Pando y norte de La Paz.
Dichos estudios, según Lidema, deberán tomar en cuenta las recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas e incluir las modificaciones que sufrirán los ecosistemas naturales, a corto, mediano y largo plazo y sus implicaciones socioambientales.
Por su parte, Fobomade resalta la importancia de cumplir con la Constitución Política del Estado, por ello insta a la autoridad ambiental realizar una consulta previa e informada a todos los pueblos indígenas y actores que serán afectados.
Las autoridades ambientales, además, deben fortalecer sus acciones de fiscalización, control y vigilancia en el cumplimiento de la normativa ambiental y proceder a la realización de un seguimiento con el rigor que corresponde.
De las suposiciones, basadas en experiencias similares, sobre el efecto social, económico y ambiental, se pasó a los estudios científicos en áreas que tienen que ver con el problema, pero falta mucho por investigar dicen los expertos, una tarea que deben insertar en sus agendas los gobiernos de Bolivia y Brasil.
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